Juan era un hombre que llevaba una vida tranquila en Medellín. Había heredado una propiedad de su padre, una finca ubicada en un área rural donde él y su familia pasaban los fines de semana. Sin embargo, sin que él lo supiera, su propiedad estaba siendo utilizada por un tercero para actividades ilícitas. Esto lo llevó a enfrentarse a una realidad que jamás había imaginado: la extinción de dominio.
Todo comenzó cuando una tarde, mientras Juan y su familia estaban en la finca, recibieron una visita inesperada de las autoridades. La finca había sido vinculada a una investigación por tráfico de estupefacientes y, aunque Juan no tenía ninguna relación con las actividades ilegales, el hecho de que su propiedad fuera utilizada para cometer delitos puso en marcha el proceso de extinción de dominio.
Desesperado, Juan buscó ayuda legal en A y G Asesorías Integrales. Allí, el abogado Andrés le explicó que la extinción de dominio es un mecanismo que permite al Estado tomar posesión de bienes que estén relacionados con actividades ilícitas, independientemente de si el propietario tenía conocimiento o no de dichos actos. La ley busca combatir el crimen organizado, pero también puede afectar a personas inocentes, como en el caso de Juan.
Andrés le explicó que, aunque el proceso de extinción de dominio no es una condena penal, la pérdida del bien es irrevocable si no se logra demostrar que el propietario actuó de buena fe exenta de culpa, es decir, que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas y que tomó medidas para evitar que su propiedad fuera utilizada con fines criminales.
El caso de Juan no era sencillo, ya que las pruebas de las autoridades mostraban que su finca había sido utilizada durante varios meses para almacenar mercancía ilegal. A pesar de esto, Andrés y su equipo trabajaron arduamente para demostrar que Juan no estaba al tanto de lo que sucedía en su propiedad y que había sido víctima de la situación.
El proceso fue largo y complicado. Juan tuvo que demostrar su buena fe y su falta de relación con las actividades delictivas que se realizaban en su finca. Afortunadamente, con la ayuda de A y G Asesorías Integrales, lograron reunir suficientes pruebas para presentar ante el juez. Andrés, su abogado demostró que Juan había actuado de manera diligente y que había sido engañado por las personas que estaban utilizando su propiedad.
Después de meses de incertidumbre, el juez falló a favor de Juan, determinando que él no era responsable de las actividades ilícitas y que su propiedad no debía ser objeto de extinción de dominio. Aunque fue un proceso desgastante, Juan logró mantener su finca y aprendió una lección importante sobre la responsabilidad de conocer el uso de sus propiedades.
Los procesos por extinción de dominio están diseñados para combatir el crimen, pero pueden afectar a personas inocentes.
En A y G Asesorías Integrales, estamos comprometidos en brindar asesoría legal para proteger los derechos de quienes se enfrentan a este tipo de procesos, garantizando que no sean injustamente despojados de sus bienes.
