El Gobierno colombiano ha expedido un decreto reglamentario que refuerza la protección de los trabajadores que denuncien casos de acoso sexual en el entorno laboral. La medida busca garantizar que las víctimas o denunciantes no enfrenten represalias por ejercer su derecho a reportar estas conductas, fortaleciendo la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Protección frente a despidos injustificados
El decreto reglamenta el parágrafo del artículo 14 de la Ley 2365 de 2024, que establece una protección especial para quienes denuncien acoso sexual en el trabajo. Según esta normativa:
✅ Prohibición de despido: Si un trabajador denuncia acoso sexual, no podrá ser despedido durante los seis meses siguientes a la denuncia.
✅ Si el empleador realiza el despido en ese periodo, se considerará una represalia y el despido será catalogado como injustificado.
✅ El empleador podrá enfrentar una sanción económica que oscila entre 1 y 5.000 salarios mínimos diarios.
Carga de la prueba a favor del trabajador
Si el trabajador es despedido después de los seis meses de la denuncia y considera que el motivo del despido fue su denuncia de acoso sexual, el decreto establece una inversión en la carga de la prueba. Esto significa que será el empleador quien deberá demostrar que el despido no estuvo motivado por la denuncia.
Este cambio refuerza la protección del trabajador y dificulta que las empresas utilicen despidos encubiertos o pretextos para afectar a quienes denuncien este tipo de conductas.
Garantía de un entorno laboral seguro
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que esta regulación busca fomentar una cultura de denuncia y eliminar el temor de las víctimas a enfrentar consecuencias laborales negativas por reportar acoso sexual. De esta manera, se promueve un entorno laboral más seguro, donde las víctimas tengan la confianza de que el sistema legal las respalda.
Consecuencias para los empleadores
Los empleadores que violen estas disposiciones enfrentarán no solo sanciones económicas, sino también la nulidad del despido. Esto implica que el trabajador podría ser reinstalado en su puesto de trabajo o recibir una indemnización por el despido injustificado.
Este decreto es un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores en Colombia, especialmente para las víctimas de acoso sexual en el trabajo. La protección frente a represalias y la inversión en la carga de la prueba brindan herramientas legales efectivas para garantizar que las víctimas puedan denunciar sin miedo a consecuencias laborales.
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