La Corte Suprema de Justicia estableció una subregla fundamental para resolver asuntos relacionados con la separación de hecho de los cónyuges y sus efectos sobre la comunidad de gananciales. Según esta decisión, la separación física de los esposos puede dar lugar a la disolución de la comunidad de bienes, siempre que implique el rompimiento definitivo del proyecto de vida en común por un período igual o superior a dos años.
Fundamentos jurídicos de la decisión
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revisó un fallo anterior y determinó que este había infringido de manera directa los artículos 167 y 1820 (numeral 2) del Código Civil, relacionados con la separación judicial de cuerpos. Asimismo, estableció que el literal b) del artículo 2 de la Ley 54 de 1990 resulta aplicable a la separación de hecho de los cónyuges, dado que el alejamiento físico voluntario genera las mismas consecuencias jurídicas que una separación judicial formalizada.
La omisión legislativa sobre la separación de hecho
Uno de los puntos clave de la decisión es que la Ley 25 de 1992 omitió regular de manera integral la separación de hecho de los cónyuges, lo que ha generado un vacío normativo. Esta omisión ha sido considerada por la Corte como una laguna axiológica, es decir, una falta de regulación que vulnera valores y principios constitucionales. No obstante, señaló que existen normas dentro del ordenamiento jurídico colombiano que comparten la misma lógica y pueden aplicarse por analogía a estos casos.
Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia ofrece una guía clara para la disolución de la comunidad de gananciales en casos de separación de hecho prolongada. Esto tiene implicaciones directas para quienes, sin haber formalizado su separación a través de un proceso judicial, llevan vidas separadas y desean definir su situación patrimonial.
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